para la hora del café
LA CORTE DE LA INJUSTICIA
A poco más de un año de la más grande tragedia infantil que se haya sufrido en el país, en la que 49 niños menores de 4 años perdieron la vida de la peor manera y 104 más sufrieron lesiones que les han dejado cicatrices y en una gran cantidad de casos, discapacidades de por vida, la Suprema Corte, que orgánica y constitucionalmente es el máximo impartidor de justicia en México, echó por tierra las esperanzas de más de 150 familias, que confiaban en ella para que los responsables del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, recibieran castigo.
El Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, responsable de elaborar el proyecto de dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno al caso de la guardería ABC, en el que intervino conforme a sus facultades del artículo 97 constitucional, señalaba como responsables de la desgracia a 14 servidores y ex-servidores públicos, entre ellos el actual Secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, ex-director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), su sucesor Daniel Karam Toumeh y el ex-gobernador sonorense, Eduardo Bours Castelo, bajo el argumento tan simple como acertado, de que si los funcionarios son depositarios de todos los logros en sus dependencias, también deben serlo de los errores e irresponsabilidades en que incurran sus subordinados.
Parece simple, pero el proyecto tiene un fondo inmenso; Para el ministro Zaldívar, los funcionarios deben ser moral, ética y jurídicamente, responsables del actuar de quienes se encuentran bajo sus órdenes. Y si bien eso es justo, en México resulta ilegal, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es constitucionalmente un tribunal de derecho, no es un tribunal de conciencia, de moral ni de ética, por lo que en los casos que le corresponden, debe limitarse a señalar si hubo o no violaciones graves a las garantías individuales de los gobernados; Y cualquier otro señalamiento que haga, por muy ético, moral y justo que sea, resulta un exceso en sus atribuciones, por lo que no debe encontrar, buscar o señalar culpables; insinuar… menos.
Lamentablemente en el afán por mantener en el fallo el espíritu de la ley, con los “límites estructurales que la constitución y la interpretación establece”, los ministros perdieron la oportunidad de hacerle justicia a los 49 niños muertos y a un pueblo como el de México, falto de credibilidad en sus instituciones y que tampoco tiene motivos para creer en un actuar moral, ético y de conciencia, de una corte a la que le fallaron las tres cosas.
Conocedor del derecho, es seguro que Zaldívar Lelo de Larrea sabía que su propuesta de proyecto rebasaba las atribuciones, pero nadie puede negar que llevaba el fin de impartir a las víctimas, la justicia que la mayoría de los ministros les negaron, exhibiendo su amplio conocimiento de la ley, el poder que tienen para interpretarla a su modo y conveniencia, pero también el cuan miserables pueden llegar a ser, no por su compromiso con la norma jurídica, sino con el poder, con los funcionarios que son responsables de la desgracia, mientras la Corte lo es de la injusticia y la impunidad.
Es lamentable el actuar de la Suprema Corte, porque al dicho popular de que en México no existe justicia, se puede afirmar ahora que tampoco hay esperanza de alcanzarla, porque los padres de familia de los niños que murieron quemados y de aquellos que han quedado cicatrizados en el cuerpo y alma de por vida, algunos con heridas emocionales que serán muy difíciles de superar, intentaron por todos los medios que el caso llegara, y llegó, al máximo tribunal del país y en este también les fue negada la razón de lo que debería ser justo.
Es evidente que en el debate que sostuvieron los once ministros, hizo falta el talento y la sensibilidad, de los ex-ministros que dejaron la corte el año pasado por jubilación, como Genaro David Góngora Pimentel y Mariano Azuela Güitrón, que además de conocedores de las leyes, mostraron el coraje humano que hacia falta en una discusión en la que el dilema moral de lo que debería ser, se debatió con el así es, en estricto sentido que impone el derecho, perdiendo el verdadero espíritu que debería inspirarlos que es el de defender la justicia.
El argumento del ministro presidente Genaro Ortiz Mayagoitia, de que la mayoría de los juzgadores de apegaron a las facultades expresas que les otorga el artículo 97 constitucional, resulta válido jurídicamente hablando, ahí, no hay nada que discutir y nada que reprocharles, pero no hay duda de que moral, ética y políticamente hablando, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le volvió a fallar al país, porque encontró que en el caso de la guardería ABC, si hubo violaciones graves a las garantías individuales, pero no fue capaz de determinar responsabilidades para los culpables, que todos sabemos quienes son: Juan Molinar Horcasitas, Daniel Karam Toumeh y Eduardo Bours Castelo, entre otros, a los que prefirieron encubrir con el manto de la impunidad, antes que aplicarles la ley.
Ciertamente la suprema no puede juzgar moral, éticamente, ni políticamente; hay que insistir, es un tribunal de derecho, no de conciencias y en el pasado la Inquisición dejó para la historia una muestra de lo que pasa con una corte “de conciencia”; pero la sociedad si puede calificar la carencia de moral en los ministros cómplices; lástima de su sabiduría, porque bajo su toga, son un asco.
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CNDH, UN BUEN ACIERTO
Dentro de las malas noticias que imperan en México, un buen precedente que deja la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es la resolución en la que el ombudsman mexicano, Raúl Plascencia Villanueva, desenmascaró a la Secretaría de la Defensa Nacional y al Ejército Mexicano, al revelar que en el caso de la muerte de los niños Martín y Bryan Almanza ocurrida el 3 de abril en un retén militar en Tamaulipas, si fueron los soldados los asesinos y desmentir que se haya tratado de un hecho lamentable en medio de un fuego cruzado con sicarios.
Para la CNDH, los soldados alteraron y manipularon la escena del crimen para “justificar una legítima defensa, lo cual es inadmisible” y fueron ellos los militares, los que dispararon contra la camioneta en la que viajaba una familia, aún después de que esta ya no se encontraba a bordo de la unidad.
Bien por la Comisión, que logró documentar el teatro montado por los militares para encubrir a los soldados asesinos, al incurrir en “alteración de la escena de los hechos, omisión, dilación, uso arbitrario de la fuerza y obstrucción de la justicia” al “sembrar” ahí otras unidades para hacer una simulación.
No hay duda de que los responsables del artero crimen fueron los miembros de la SEDENA, dice la CNDH, que pese a las presiones y las obstrucciones que dice haber recibido su personal, incluso por parte de la Secretaría de Gobernación, esta vez si cumplió su responsabilidad de señalar culpables y exigir que se les imponga castigo.
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