La ola de crímenes y ejecuciones que diariamente ocurren en todo el país, el creciente número de secuestros reales y virtuales, de extorsiones vía telefónica y la elevada cantidad de delitos del fuero común y federal que aquejan a la población mexicana, no da oportunidad de error cuando se afirma que la inseguridad es un problema grave, que nos afecta a todos, a unos más a otros menos, pero que perjudica de manera severa al país, ahuyenta las inversiones, atemoriza al turismo, daña la economía, enluta a familias, destruye futuros y en muchos casos también el presente de infinidad de mexicanos.
Por ello toda iniciativa a favor de la seguridad y en contra de la delincuencia organizada y la desorganizada, es bien vista y recibida por la población mexicana, que el sábado anterior dio muestra una vez más, de que ahí esta y allí estará, cuando se le convoque para defender lo que nos es propio y nos quieren arrebatar, la tranquilidad de nuestras familias.
Posiblemente la marcha contra la inseguridad “Iluminemos México” a la que convocaron diversas organizaciones ciudadanas, no haya cumplido las expectativas en lo que se refiere al número de asistentes que se esperaban, quizá no se haya logrado nada trascendente después de la concentración.
Pero el hecho de que pese al miedo de salir a las calles, de ser víctimas de los delincuentes y de las policías, 500 mil personas se reunieran en el Distrito Federal y se hayan realizado decenas de marchas en el interior del país y en seis naciones hermanas, es muestra de que la sociedad mantiene su capacidad de organización, de que ya está cansada de la ineficacia y corrupción de las autoridades, pero sobretodo que no está dispuesta a esperar más para que se dé respuesta a sus reclamos de combate a la impunidad.
Sin embargo, frente al ejemplar comportamiento de la ciudadanía que hizo sus reclamos de manera pacífica y presentó sus propuestas y programas de acción ante las autoridades, no deja de causar indignación la actitud cínica de las autoridades, el aferramiento al “hueso” por parte de funcionarios como el Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, que pese a su probada incapacidad insiste en que no se irá y el oportunismo de otros no menos inútiles como el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández, cuyo organismo no es más que un muro de las lamentaciones, pero incapaz de cumplir su objetivo y aun así afirma que él tampoco se va.
Posiblemente haya quien no esté de acuerdo, sobretodo quienes encuentran en la televisión más que un entretenimiento y sustenten su confianza en los ídolos de la pantalla, sin importar que como referente se encuentre a unos descerebrados, pero tan lamentable como criticable, resultó el papel que jugaron las dos grandes cadenas televisoras con motivo de la marcha “Iluminemos México”, compitiendo por el rating, lucrando con el dolor, montando un “show” musical de lo que para el pueblo mexicano es una desgracia, pero para los empresarios de la TV es una oportunidad de negocio.
Exagerados y ridículos fueron los gritos que en la pantalla dieron los conductores musicales de TV Azteca, sobreactuados y nefastos, porque exhibieron la carencia moral de sus patrones, el oportunismo al hacer de una protesta un motivo de explotación comercial, tan vulgar como el de los ambulantes que ese día hicieron su agosto vendiendo velas y playeras con la frase de ¡Ya Basta!
Aun así, lo mejor del reclamo social ya fue dicho a las autoridades, “si no pueden, renuncien”.
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No cabe ninguna duda, de que cuando se practica un periodismo libre, crítico, con profesionalismo y este se sustenta en la investigación y la verdad, se incomoda, y que cuando se ejerce el derecho de pensar distinto a como lo hacen las autoridades, a quienes forman parte del gobierno, surge entonces el carácter abusador, arbitrario, de aquellos que detentan el poder y ejercen la censura, hija del autoritarismo y la dictadura que los mexicanos no hemos podido superar.
Un nuevo caso de censura, de abuso de poder y atentatorio contra la libertad de expresión, que agravia al pueblo de México e indigna a quienes ejercemos el oficio periodístico, ha surgido en el estado de Quintana Roo, concretamente en su capital Chetumal, donde por presiones políticas provenientes del Congreso del estado, la empresa Cablemas, suspendió la señal del canal 9 de televisión, luego de que sus productores, se negaran a cerrar el espacio informativo Código 9, que a nueve meses de su aparición, se había ubicado en el primer lugar de la preferencia, ejerciendo un periodismo independiente.
En una decisión proveniente del miedo de las autoridades a la fiscalización, la crítica, a la opinión, al pueblo mismo y sustentada en el abuso del poder, el gobierno quintanarroense a través del legislativo, terminó con las transmisiones de Código 9 producido por la empresa periodística Zoom TV, luego de que sus periodistas denunciaran y documentaran diversos abusos e irregularidades cometidas por la actual y anterior administración, los excesos en los gastos de los diputados, fraudes cometidos por empresas de la construcción y por servidores públicos.
Código 9 y sus reporteros encabezados por Joaquín Quiroz Cervantes, ex-colaborador de Avanzando en Hidalgo y el diario Síntesis en el Estado de Hidalgo, evidenciaron en Quintana Roo algunos de los efectos que surgen cuando existe abuso y una excesiva concentración del poder, sacaron a relucir irregularidades en dependencias federales como el Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de dirigentes del Partido Revolucionario Institucional y titulares del Cuerpo de Bomberos, entre otras acciones, por lo que en una clara decisión arbitraria y por razones de represalia política, fueron censurados en su espacio y sacados del aire.
Ante la impotencia de las autoridades de no poder doblegar al equipo de reporteros que decidieron no vender su línea editorial y mantener sus visiones y opiniones distintas, el gobierno decidió privar a la población de ejercer su decisión soberana de recibir la señal de Zoom TV y Código 9 en sus televisores por pensar con independencia.
Por todo ello, sirvan estas líneas como un acto de solidaridad hacia los periodistas y reporteros censurados en Quintana Roo y como un acto de repudio a la arbitrariedad del gobierno priista de aquella entidad que para callar voces y violentar la libertad de expresión, ejercieron presiones de poder descaradas en una clara falta de respeto al pueblo.
Vaya desde esta redacción, nuestra solidaridad incondicional para Código 9 y un gesto de repudio para los artífices de ese atropello a las garantías individuales de los quintanarroenses.
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